Uno de los efectos económicos más evidentes de la pandemia, ha sido el cierre definitivo de muchos establecimientos de comercio o bien la reducción a mínima actividad según lo han permitido las disposiciones legales.
Lo anterior, necesariamente indica que el consumo de los servicios públicos domiciliarios tales como agua, alcantarillado que equivale al 50% del valor consumo de agua, energía eléctrica y gas para todos los establecimientos de comercio afectados se reduce a cero o a una mínima cantidad, pero en estos dos últimos meses la realidad no se está notando reflejada en las facturas de los servicios públicos.
Si bien es cierto que el Gobierno Nacional ha expedido una serie de decretos para contribuir parcialmente con las dificultades económicas por la que están atravesando muchos usuarios de servicios públicos, no es menos cierto que estas instrucciones gubernamentales van enfocadas hacia los usuarios de los estratos sociales más sentidos y de rango residencial.
Las empresas de servicios públicos domiciliarios que prestan los mismos en la ciudad, han venido aplicando la norma del promedio, es decir, aplicando el consumo promedio de los últimos tres meses a aquellos establecimientos de comercio que, por estar cerrados, no se ha podido tomar lectura a sus medidores o por estar reducidos a su mínima actividad, no marcan el consumo regular.
Entendemos que el Gobierno Nacional se encuentra molesto por este proceder de las empresas prestadoras de servicios públicos y ya se están modificando los valores cobrados, a través de la aplicación de promedio que es una norma no para estados excepcionales como lo es la actual afectación a la economía del país y sus habitantes por los efectos del COVID 19.
Es más, las empresas fallaron con esta aplicación porque el promedio de los 3 últimos meses antes de marzo 2020, arrastra los consumos de los meses de mejor ventas y por ende de mayores consumos como lo son noviembre , diciembre y enero de cada año, inclusive el propio febrero.
FENALCO Bolívar solicita a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios tener en cuenta que la mayor fuente de empleo son los establecimientos de comercio y si no se logran auxilios especiales mientras dure esta pandemia, recargar sus costos a sabiendas de que el establecimiento está cerrado o en su mínima actividad comercial, es condenarlas a la total y desaparición lo que repercute en la economía de la ciudad por cuanto seguirán aumentando el desempleo y con ello deteriorándose las condiciones socioeconómicas de la comunidad
Por lo anterior, solicitamos que, mientras dure la pandemia, no se apliquen más las facturas mensuales basadas en promedios si no, en consumos reales así estén por debajo de los mínimos establecidos por las comisiones de regulación de cada servicio público y corregir de inmediato todas aquellas facturas que se expidieron en los meses de marzo, abril y mayo con base a promedios y/o en consumos mínimos preestablecidos.
Pedimos que solo se cobre hacia adelante y con efectos retroactivos los consumos reales que marquen los medidores o contadores de cada servicio público. En caso de que se observe cero consumo pues esto es un indicio de que el establecimiento está o estuvo sin actividad alguna bien sea por quiebra o por disposiciones legales fijadas durante esta emergencia de salud y económica.
Foto: El Universal Cartagena
