Asistimos en Colombia a un nuevo y lamentable episodio en el que entes del control de lo público se muestran los dientes en lugar de cooperar, como deberían, en los procesos de investigación, acopio de pruebas, juicio y sanción. Hoy los enfrentados son la Contraloría General de la República y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero su pugna mediática no es muy diferente de las que han protagonizado en ocasiones anteriores los altos directivos de Fiscalía, Procuraduría e incluso las mismas Cortes, algunas de dichas pugnas motivadas por el infortunado interés de protagonismo y figuración nacional.

Hace un par de días, en estas mismas páginas, María Carolina Giraldo invitaba a cuestionarnos sobre casos sonados e incógnitos (LA PATRIA, 7 de marzo), en los que vicios de forma afectaban de manera distinta a los diferentes procesos -y procesados-, casi dando razón a lo que sugirió el mismo día la contralora Morelli cuando afirmaba que "… parece que pudiera existir un metro distinto..." (El Espectador, 7 de marzo).

Pero más lamentable que la aparente diferencia en los criterios de medición, es que los investigados pretendan acomodarse a la medida que más les favorezca. No desconozco lo insidiosa que a veces resulta la actitud de auditores e investigadores, pero cuando se tiene la certeza y tranquilidad de la transparencia en el obrar, no debe temerse a las indagaciones, sin depender de dónde provengan. No pretendo prejuzgar, ni me compete, pero lamento que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura contribuyan con sus reparos a tender mantos de duda sobre lo que los medios han llamado "Carrusel de las pensiones". No necesitamos en Colombia más carruseles, al menos no de ese tipo, pero tampoco necesitamos más desconfianza, y menos en la administración de justicia.

Por casos como este es que los ciudadanos, ante el desconcierto, dejan de acudir a las instituciones y buscan vías alternas. Por circunstancias como esta algunos comunicadores van más allá de lo que es el periodismo investigativo y usan sus medios casi como estrados para juzgar, sin tener la competencia para ello. Pero si quien administra justicia no genera confianza, ¿cómo pedirle a quienes acceden a fuentes y pruebas que reconozcan sus límites y favorezcan los debidos procesos? No es admisible que algunos buscando seguidores crucen los límites del sensacionalismo, pero menos admisible es que los organismos del Estado alienten tal situación por su ineficiencia, lentitud, y peor aún, por defender sus beneficios particulares.

No nos ha conducido por el camino de la paz la confusión de competencias. Periodistas que juzgan (no me refiero a los que investigan), militares con atribuciones judiciales, o miembros del ejecutivo deslegitimando a los otros poderes, solo han conducido por caminos erráticos para tramitar los conflictos.

Pero si tales situaciones se dan, si a quienes les compete no hacen lo propio, y en lugar de ello compiten, si se generan distorsiones por el actuar de quienes no les compete... solo me queda parafrasear a María Carolina y repetir... ahora ¿quién podrá defendernos?