Lo que ha sucedido con Electricaribe, es, parafraseando a GABO, la crónica de una liquidación anunciada, el reconocimiento explícito y sustentado técnicamente  de las causales legales que imponen al Estado la adopción de una decisión como la anunciada.

La motivación de la resolución de toma de posesión con fines de liquidación, es la conclusión inequívoca de una serie de factores que no debieron ocurrir, pues la debida diligencia del proceso de privatización del servicio mostraba situaciones que hoy son igual de evidentes y por ello es que la comunidad en general siente animadversión por la forma como se vino prestando el servicio y la administración de la empresa y que hoy se ve reflejada en una decisión extrema.

Lo que queda ahora es conservar la confianza en el esfuerzo del Gobierno en mantener el servicio, procurar su mejora y definir en manos de quien quedará su prestación en el futuro, pues es necesario enmendar y superar las circunstancias que hoy hacen que la competitividad de la región esté en aprietos y los empresarios y ciudadanos preocupados.

La adecuada prestación de los servicios públicos en condiciones de calidad y oportunidad, es un asunto que compromete la competitividad de las empresas en particular y la del territorio en general, de ahí la importancia en que los esfuerzos que su mejora demanda para que ambas condiciones se cumplan, sea una acción prioritaria de los gobiernos y de las empresas prestadoras en lo que corresponda cada uno. Valga decir que el comercio de la región, tanto de bienes como servicios, padeció ampliamente las consecuencias y así lo pudo percibir en encuestas realizadas por el Gremio.

Tampoco podemos dejar de recordar de forma permanente, que los usuarios del servicio de energía han pagado puntuales el cargo por confiabilidad, que no es cosa distinta a un seguro, costoso por demás, y que ha demostrado en estos tiempos, no haber sido utilizado para el fin que se instauró y que se ha sido objeto de imposición de multas recientes por la propia Superintendencia.