El Estatuto de Protección al Consumidor entrará en vigencia el 12 de abril. Con la expedición de esta norma Colombia se convierte en uno de los países de mayores avances a nivel mundial en temas de protección a los usuarios.

Dentro de las temáticas se destacan el régimen de calidad, idoneidad y seguridad de productos, la efectividad de las garantías de bienes y servicios, la responsabilidad por daños por producto defectuoso, la protección contra la información y publicidad engañosa, entre otros aspectos que respaldan el papel del consumidor.

Con el nuevo régimen de protección al consumidor, los responsables, además de estar obligados a solucionar el problema particular y concreto de los consumidores, podrán ser acreedores de sanciones hasta por dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los avances han sido significativos en esta materia.

La Superintendencia de Industria y Comercio pasó de recibir en el año 2010 más de 39 mil solicitudes a recepcionar en el año 2012 más de 50 mil asuntos. Durante los meses de enero y febrero de este año ya alcanza la suma de 13.919 trámites.

Como novedad la Ley faculta a los alcaldes para ejercer funciones administrativas de protección al consumidor en sus respectivas jurisdicciones.

Creación de una Red Nacional de Protección al Consumidor como garantes de los derechos del consumidor.

Así mismo la Ley prevé la creación de la Red Nacional de Protección al Consumidor que estará integrada por el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, los Consejos Departamentales y Distritales de Protección al Consumidor, las autoridades administrativas del orden nacional con funciones en esta materia, los alcaldes de todo el país, las ligas de consumidores y la Superintendencia de Industria y comercio, ésta última ejerciendo además la secretaría técnica del sistema.

La Red tiene dentro de sus funciones, la de difundir y apoyar el cumplimento de los derechos de los consumidores en el país, y apoyar y asesorar a todas las alcaldías del país en el ejercicio de sus funciones, entre otras. Ello supone un esfuerzo en temas de definición de políticas de protección al consumidor, divulgación de los derechos de los consumidores y capacitación a las autoridades locales en torno al marco conceptual, legal, procesal y operativo aplicable al tema.

Para mayor información consultar www.sic.gov.co